Audiencias de la mafia en Capitol Hill

Audiencias de la mafia en Capitol Hill


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Un informe de noticias actualiza los procedimientos de las audiencias de Valachi de 1963, una investigación del Congreso sobre el crimen organizado. Joseph Valachi, un miembro de bajo rango de la familia criminal Genovese con sede en Nueva York, acordó subir al estrado e informar sobre los miembros del sindicato nacional del crimen La Cosa Nostra, también conocida como la Mafia.


100 años después, los sobrevivientes de la masacre de la carrera de Tulsa apelan a los legisladores: 'Escucho los gritos'

"He vivido la masacre todos los días", dijo Viola Fletcher, ahora de 107 años.

Sobrevivientes de la masacre de Tulsa recuerdan la tragedia 100 años después

Tres sobrevivientes de la Masacre de Tulsa Race de 1921, que ahora tiene más de 100 años, hicieron llamamientos dramáticos a los legisladores el miércoles para obtener reparaciones y reconocimiento de lo que les sucedió cuando una turba blanca atacó un vecindario predominantemente negro en Tulsa, Oklahoma, cambiando sus vidas para siempre.

Viola Fletcher tenía 7 años.

"Todavía veo hombres negros recibiendo disparos, cuerpos negros tirados en la calle. Todavía huelo humo y veo fuego", relata con voz entrecortada "Madre Fletcher", de 107 años, como se la conoce cariñosamente. "Sigo viendo cómo se queman negocios negros. Sigo oyendo aviones volando por encima. Escucho los gritos. He vivido la masacre todos los días. Nuestro país puede olvidar esta historia, pero yo no puedo. Yo no, y otros sobrevivientes no . Y nuestros descendientes no ".

Ella y los otros sobrevivientes hablaron ante un subcomité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes que consideraba posibles remedios legales para compensar a los sobrevivientes de la masacre y a sus descendientes casi 100 años después de que el 31 de mayo de 1921 tomara por asalto el distrito Greenwood de Tulsa, conocido como "Black Wall Street".

Fletcher, quien hizo su primer viaje a Washington para contar su historia, nunca terminó la escuela más allá del cuarto grado, dijo, porque el ataque desplazó a su familia y, sin una educación, nunca ganó mucho dinero.

"Nadie se preocupó por nosotros durante casi 100 años. Nosotros y nuestra historia hemos sido olvidados, borrados. Este Congreso debe reconocernos a nosotros ya nuestra historia, por la América negra, por los estadounidenses blancos y por todos los estadounidenses", dijo Fletcher.

Los legisladores, demócratas y republicanos, se levantaron para darle una ovación de pie.

La representante demócrata Sheila Jackson Lee de Texas, copatrocinadora de un proyecto de ley para reconocer al Centennial en el Congreso y defensora vocal de las reparaciones, grabó en video parte del testimonio inicial de Fletcher en su iPhone, en aparente asombro por la sobreviviente. Jackson Lee también es copatrocinador de HR 40, un proyecto de ley que está a la espera de una votación en la Cámara y que establecería una comisión para estudiar las propuestas de reparación.

Hughes Van Ellis, de unos meses de edad en ese momento, y ahora un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se pone un sombrero del ejército y se hace llamar "Tío Rojo", se atragantó durante su testimonio y les dijo a los legisladores que vive con recuerdos del vecindario de Greenwood y el "Pensé en lo que podría haber sido".

"No somos imágenes en blanco y negro en una pantalla. Somos de carne y hueso. Yo estaba allí. Todavía estoy aquí", dijo. "No estoy pidiendo una limosna. Estoy pidiendo ser tratado como un ciudadano de primera clase", agregó.

Lessie Benningfield Randle, de 106 años, apareció a través de una videollamada, pero no fue menos dramático. Ella describió haber visto cadáveres flotando en el río Arkansas mientras su familia huía para salvar sus vidas, recordando cómo no estaban protegidos de los funcionarios y de aquellos que "estaban llenos de tanto odio. Sin ninguna razón excepto que somos negros".

"Hemos esperado demasiado y estoy cansada", dijo. "Estamos cansados. Por último, les pido hoy que nos den un poco de paz. Por favor, háganme justicia a mí, a mi familia ya mi comunidad".

Los sobrevivientes y sus familias presentaron el año pasado una demanda exigiendo una compensación por llamaron la "molestia pública" en curso infligida a ellos y a otras familias durante décadas por la tragedia, los demócratas señalaron el mismo punto: que las pérdidas personales y económicas duraron mucho más allá de 1921. .

"En resumen, las disparidades raciales y económicas actuales en Tulsa se remontan a la masacre. En Estados Unidos, Tulsa es un microcosmos de lo que le ha sucedido a la comunidad afroamericana en este país", dijo el representante Steve Cohen, demócrata de Tennessee. dijo. "El Congreso necesita intensificar".

El representante Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara, también pidió a sus colegas que reconocieran que la historia aquí había sido blanqueada, calificando la masacre como "un acto de limpieza étnica, que posteriormente fue borrada de los libros de historia durante muchas décadas, a pesar de haber hecho noticias nacionales en ese momento ".

En un raro acuerdo, los legisladores permitieron que los centenarios testificaran sin hacer preguntas, el representante republicano Mike Johnson de Luisiana dijo: "No tenemos muchos centenarios testificando ante nuestro comité, así que esto puede ser - sugeriría que tal vez podríamos serlo. haciendo historia aquí hoy ".

Después de escuchar a los sobrevivientes, los legisladores escucharon a los expertos sobre el impacto de larga data de la masacre. Argumentaron que la aplicación de la ley no solo no protegió a los residentes negros de Tulsa, sino que la cámara de comercio de la ciudad y las compañías de seguros, que describieron falsamente la masacre como un motín, hicieron imposible que la comunidad se recuperara.

El estado de Oklahoma registró originalmente 36 muertes, pero una comisión de 2001 informó que el número de muertos llegaba a 300, y recomendó que se hicieran reparaciones, que según Jackson Lee equivaldrían a unos 200 millones de dólares en 2021.

Hablando con los sobrevivientes, exigió que el alcalde de Tulsa, G. T. Bynum, un republicano, les diera a ellos y a sus descendientes los recursos para perseguir sus reclamos.


150 días después del ataque al Capitolio, más de 465 arrestados mientras el FBI buscaba pistas sobre cientos más: DOJ

Es probable que sea la investigación criminal más grande en la historia del Departamento de Justicia.

Disturbios en el Capitolio de EE. UU .: Seguimiento de la insurrección

Más de 465 personas han sido arrestadas en casi los 50 estados en relación con el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos, anunció el Departamento de Justicia en un comunicado que marca el sábado 150 días desde la insurrección.

Una hoja informativa publicada por el Departamento de Justicia el viernes ayuda a ilustrar lo que los funcionarios han descrito como probablemente la investigación criminal más grande en la historia del Departamento de Justicia, que continúa capturando a más sospechosos.

Y los investigadores continúan buscando y buscando consejos sobre algunos de los actores más violentos de ese día. El departamento dice que todavía está buscando consejos para identificar a más de 250 personas involucradas en asaltos a oficiales u otros actos de violencia. Hasta ahora, los ciudadanos de todo el país han proporcionado más de 200.000 consejos de medios digitales al FBI para ayudar en sus investigaciones, según el DOJ.

El 6 de enero, una manifestación en apoyo del presidente Donald Trump se volvió mortal después de que Trump alentó a sus seguidores a marchar hacia Capitol Hill, donde el Congreso se reunía para certificar a Joe Biden como el 46 ° presidente de los Estados Unidos.

Los alborotadores atravesaron barricadas y puntos de control de seguridad, lo que obligó al vicepresidente Mike Pence y a los legisladores a evacuar o refugiarse en el lugar, interrumpiendo temporalmente la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden. Cinco personas, incluido el oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick, murieron durante o después del motín, 140 policías resultaron heridos y el edificio del Capitolio sufrió daños por aproximadamente $ 1,5 millones.

De los acusados ​​hasta ahora, más de 130 han sido acusados ​​de agredir o obstaculizar a las fuerzas del orden que intentan proteger el Capitolio, incluidos más de 40 acusados ​​de utilizar un arma mortal o peligrosa contra agentes. Casi todos los que han sido procesados ​​hasta ahora se han declarado inocentes, y muchos de los que ingresaron ilegalmente al edificio dijeron que estaban siguiendo las instrucciones de Trump en el mitin de marchar hacia el Capitolio o que no creían que estaban violando la ley porque estaban siguiendo cientos de personas más y sin encontrar resistencia por parte de la policía.

Dos, incluido un miembro autoproclamado de la milicia Oath Keepers, se han declarado culpables hasta ahora, y los fiscales en un número creciente de casos han dicho que están involucrados en discusiones activas de declaración de culpabilidad con los acusados.

En una audiencia judicial el viernes por la tarde, los fiscales leyeron una carta de un oficial de policía del Capitolio que sufrió una conmoción cerebral después de ser empujado al suelo durante el motín. El oficial pidió a un juez que mantuviera a la acusada acusada de empujarla, Ryan Samsel, tras las rejas en espera de juicio. Los abogados de Samsel disputaron que sus acciones lo convirtieran en una amenaza para la comunidad.

"Me han robado momentos que no puedo recuperar", escribió la oficial en su carta, señalando que sufrió daño cerebral y "trauma psicológico" como resultado de la lesión.

El oficial es solo uno de los aproximadamente 140 que fueron agredidos durante la insurrección, dice el Departamento de Justicia, incluidos 80 de la Policía del Capitolio y 60 del Departamento de Policía Metropolitana de D.C.

Los fiscales también han acusado a aproximadamente 30 acusados ​​de conspiración, ya sea con el objetivo de frustrar el deber del Congreso de certificar las elecciones presidenciales, obstruir la aplicación de la ley, herir a oficiales o una combinación de los tres, según el Departamento de Justicia.


El Senado celebra una audiencia poco común sobre la estadidad de D.C.

22 de junio (UPI) - El martes, el Senado celebró una audiencia poco común para evaluar la estadidad de Washington, D.C., con partidarios presionando por el derecho al voto y opositores cuestionando la legalidad de crear un nuevo estado sin una enmienda constitucional.

Fue la primera vez que un panel del Senado celebró una audiencia sobre el tema desde 2014.

La delegada Eleanor Holmes Norton, D-D.C., Patrocina la legislación para hacer del distrito un estado. La Cámara aprobó el proyecto de ley en abril y el Senado aún tiene que considerar el tema.

Los demócratas, que generalmente apoyan la medida, tienen una mayoría en el Senado, pero el senador Joe Manchin, demócrata por Washington, ha dicho que no votará a favor, pero asegurando su fracaso.

Norton, quien representa al distrito congresional general del Distrito de Columbia en la Cámara, pero no obtiene un voto en la cámara, dijo que la estadidad es una cuestión de representación. El distrito no tiene representación en el Senado, pero recibe tres votos electorales al elegir presidente.

Ella dijo que a pesar de esto, los residentes de la ciudad pagan más en impuestos federales sobre la renta per cápita que los otros estados.

"El país se fundó sobre los principios de no imponer impuestos sin la representación y el consentimiento del gobierno", dijo Norton al Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.

"Los residentes de DC pagan impuestos sin representación y no pueden aceptar las leyes bajo las cuales ellos, como ciudadanos estadounidenses, deben vivir".

Sin embargo, a los republicanos les preocupaba convertir el distrito en un estado con legislación, diciendo que solo se puede hacer con una enmienda constitucional. Los republicanos tampoco apoyan la medida porque el distrito se inclina hacia el azul y probablemente votaría a dos senadores demócratas en la cámara alta.

"Lo que el Congreso no puede hacer es invalidar la Constitución cada vez que se vuelve inconveniente para la mayoría en el Congreso", dijo el senador Josh Hawley, republicano por Missouri, miembro del comité. "La Constitución perdura y esa es la premisa fundamental de nuestra república democrática, y me temo que esa premisa está siendo amenazada por esta legislación".


El Senado se sumerge en el debate sobre la estadidad de DC en la segunda audiencia

El Senado, por segunda vez en su larga historia, abordó el tema de la estadidad para Washington, D.C., el martes, con una audiencia en la que los argumentos a favor y en contra del potencial estado 51 del país se ventilaron apasionadamente.

Celebrada por el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, la audiencia se produce cuando el apoyo público y político a la estadidad de D.C. está en su punto más alto.

Encuestas recientes han demostrado que la aprobación nacional de la medida se sitúa justo por encima del 50 por ciento y, en abril, la Casa Blanca dio su apoyo formalmente a la estadidad de D.C. con una declaración de política de la administración, una novedad.

“El país se fundó sobre los principios de no tributación sin representación y consentimiento del gobierno”, District House Del. Eleanor Holmes Norton Eleanor Holmes NortonBlack Voters Matter organiza la manifestación de DC en apoyo de la estadidad El Senado se sumerge en el debate sobre la estadidad de DC en la segunda audiencia del senador republicano sobre la estadidad de DC: 'Nadie está obligado a vivir allí MÁS (D) dijo al panel en comentarios introductorios.

"CORRIENTE CONTINUA. los residentes pagan impuestos sin representación y no pueden aceptar las leyes bajo las cuales ellos, como ciudadanos estadounidenses, deben vivir ”, dijo.

Norton, un washingtoniano de tercera generación y uno de los miembros más antiguos de la Cámara, es uno de los campeones originales de la causa.

El exsenador Joe Lieberman (D-Conn.), Quien fue uno de los primeros senadores en unirse a los esfuerzos de Norton, y la alcaldesa de D.C. Muriel Bowser Muriel BowserBlack Voters Matter organiza un mitin en DC en apoyo del colapso de puentes peatonales en el noreste de DC, hiriendo a 6 inmersiones del Senado en el debate sobre la estadidad en DC en la segunda audiencia MÁS (D) también estuvieron presentes para expresar su apoyo.

HR 51, que establecería gran parte de la capital de la nación como el estado 51 de la Unión, ha pasado por la Cámara dos veces en la misma cantidad de años, aunque ha luchado por ganar tracción en la cámara alta dividida uniformemente.

Proponentes como Norton y Bowser han sido constantes en su razonamiento detrás del impulso por la estadidad del Distrito.

Los residentes de DC no solo carecen de voto en ambas cámaras del Congreso (impuestos sin representación), sino que, per cápita, Washington también paga más impuestos federales sobre la renta que cualquier estado y más impuestos en general que casi dos docenas de ellos.

Con aproximadamente 700,000 residentes, D.C. es más poblado que dos estados y es comparable a unos pocos más.

Otro tecnicismo fundamental que llamó la atención de la nación el año pasado es el hecho de que D.C. no tiene control sobre su Guardia Nacional.

Esto se hizo evidente durante la protesta del verano pasado por el asesinato policial de George Floyd y nuevamente durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

Además, DC recibió inicialmente un cortocircuito de más de $ 700 millones en ayuda de socorro COVID-19 al comienzo de la pandemia porque los legisladores etiquetaron a DC como un territorio en lugar de un estado.

“No existe una barrera legal o constitucional para la estadidad de D.C.”, testificó Bowser. "El problema constitucional prevaleciente es una violación de los derechos civiles de 700,000 residentes de DC que cumplen con todas las obligaciones de la ciudadanía de los Estados Unidos, pero se les niega cualquier representación en este organismo".

La mecánica de H.R.51 es novedosa.

La capital no dejaría de existir, sino que se reduciría para incluir el National Mall, los monumentos, la Casa Blanca y otros edificios federales. El resto de la ciudad se convertiría en el nuevo estado: Washington, Douglass Commonwealth.

Las personas que residen dentro de la capital federal revisada podrían votar en el estado donde vivían anteriormente.

HR 51 también incluye una disposición que aceleraría la derogación de la 23a Enmienda, que actualmente otorga votos electorales a D.C. en las elecciones presidenciales.

Sin embargo, los republicanos ven la propuesta como una flagrante toma de poder demócrata, y dicen que la inclinación liberal de D.C. prácticamente garantizará dos senadores demócratas adicionales.

Los ataques a la propuesta han sido variados, y los legisladores republicanos optaron por examinar la constitucionalidad de HR 51, insistiendo en que DC solo puede convertirse en un estado a través de una enmienda constitucional, o presentar argumentos que apuntan a la posición única de DC como una ciudad híbrida. estado.

Senador James Lankford James Paul Lankford Black Voters Matter organiza la manifestación de DC en apoyo de la estadidad Es hora de que Biden emita una orden ejecutiva sobre el antisemitismo El senado se sumerge en el debate de la estadidad de DC en la segunda audiencia MÁS (R-Okla.) Durante la audiencia argumentó que la gente sabe en lo que se está metiendo cuando se muden al Distrito.

"Cualquier individuo que se mude a Washington DC, entiende que Washington, DC, es único. Este es un lugar donde no se tiene un voto para un senador o un miembro de la Cámara", dijo Lankford, reconociendo que DC tiene un miembro votante de la Cámara en Norton.

"Es bien sabido que cuando te mudas a Washington, D.C., en cualquier momento, te estás mudando a un área que no tiene dos senadores o un miembro de la Cámara", continuó el senador de Oklahoma. "Esa es una elección volitiva a la que nadie se ha visto obligado a estar aquí, sabiendo que esa ha sido la situación durante más de 200 años".

Los demócratas se han enfurecido con los argumentos no constitucionales, pintándolos como racismo apenas velado.

Durante décadas, el distrito fue predominantemente negro. Hoy en día, la población de DC es más del 45 por ciento negra y sigue siendo una ciudad mayoritaria y minoritaria.

Los progresistas y los defensores de los derechos civiles han enmarcado cada vez más la condición de Estado de D.C. como un problema de justicia racial.

Lieberman, en sus comentarios al comité, describió la disidencia republicana como "excusas para algo que es imperdonable".

Por el momento, la oposición republicana unificada es suficiente para evitar que H.R.51 llegue al presidente Biden. Joe BidenTrump golpea a Biden, demócratas en regreso post-presidencial a la etapa de mitin Alcalde de Miami-Dade: 5 muertos, 156 desaparecidos mientras continúa la búsqueda en Surfside La Casa Blanca enfrenta llamadas para aceptar pasaportes de vacunas en el escritorio de MORE.

Sin el apoyo bipartidista, el proyecto de ley no puede superar el umbral de 60 votos del obstruccionismo del Senado, un problema que enfrentan muchas de las prioridades legislativas de los demócratas.

Sensores moderados Joe Manchin Joe ManchinBiden: 'No es mi intención' implicar el veto para el paquete de infraestructura bipartidista el domingo muestra un avance: Moderados, Biden llegan a un acuerdo sobre infraestructura Chauvin sentenciado a 22.5 años de prisión Los demócratas critican la lógica de Sinema sobre el filibustero MÁS (D-W.Va.) Y Kyrsten Sinema Kyrsten SinemaBiden: 'No es mi intención' implicar el veto para el paquete de infraestructura bipartidista el domingo muestra un avance: Moderados, Biden llegan a un acuerdo sobre infraestructura Chauvin sentenciado a 22.5 años de prisión Los demócratas critican la lógica de Sinema en el filibustero MÁS (D-Ariz.) Están en contra de eliminar el regla de procedimiento, e incluso si el obstruccionismo se eliminó de alguna manera, Manchin también ha dicho que está en contra de la HR 51, coincidiendo con los republicanos en que se necesita una enmienda constitucional para convertir a DC en un estado.


Los republicanos intentan reescribir la historia durante la audiencia de ataque al Capitolio

El 6 de enero, miles de partidarios de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos. El motín resultó en cinco muertes. Más de 100 agentes resultaron heridos. Se realizaron cientos de detenciones. Pero es posible que nunca sepas eso al escuchar a los legisladores republicanos.

Durante una audiencia del comité de supervisión de la Cámara el miércoles en la que se discutió qué salió mal en la preparación de la policía para el motín del 6 de enero, y qué hizo o no hizo la administración Trump para sofocar la violencia, los legisladores republicanos trataron de presentarse como víctimas.

"Déjenme aclarar: no hubo insurrección", afirmó falsamente el representante Andrew Clyde (R-Ga.) Durante la audiencia del miércoles. "Y llamarlo una insurrección, en mi opinión, es una mentira descarada".

Clyde continuó defendiendo a los que irrumpieron en el edificio del Capitolio, diciendo que el video de la violencia del día le parecía "una visita turística normal".

No fue una visita turística. Incitados por el entonces presidente Trump a "luchar como el infierno", cientos de sus partidarios irrumpieron en el Capitolio, muchos con la intención de cometer actos de violencia contra legisladores que se negaron a revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

La representante Jody Hice (R-Ga.) Afirmó falsamente que los partidarios de Trump eran las víctimas reales ese día, citando la muerte de la partidaria de Trump Ashley Babbitt, quien fue asesinada por un oficial de policía del Capitolio de los EE. UU. Cuando intentaba ingresar a la cámara de la Cámara escalando a través de una puerta de vidrio rota.

"Fueron los partidarios de Trump los que perdieron la vida ese día, no los partidarios de Trump que estaban acabando con la vida de otros", dijo Hice.

El representante Paul Gosar (R-Ariz.), Un simpatizante nacionalista blanco cuya propia familia lo desautorizó por ayudar a incitar los disturbios, intentó pintar a Babbitt como un "veterano envuelto en una bandera estadounidense". También describió a los cientos de insurrectos arrestados y acusados ​​por el FBI como "patriotas pacíficos" que están siendo "acosados".

El representante Ralph Norman (R-S.C.), Cuestionó si los alborotadores eran en realidad partidarios de Trump. Se hace eco de una teoría de la conspiración fácilmente desacreditada que postula que aquellos que irrumpieron en el Capitolio ese día eran en realidad antifascistas que intentaban hacer quedar mal a los partidarios de Trump.

La audiencia del miércoles señaló otro cambio peligroso para los legisladores republicanos, que continúan negando los resultados de las elecciones de 2020 y ahora parecen estar negando la realidad de la insurrección. Y los legisladores republicanos que no estén dispuestos a aceptar la “gran mentira” que el ex presidente Donald Trump sigue insistiendo se verán excomulgados del partido.

Tomemos a la representante Liz Cheney (republicana por Wyoming), quien fue expulsada el miércoles del liderazgo de su propio partido por hacer lo mínimo en su negativa a repetir como loros la mentira republicana de que la elección fue robada.

"Las elecciones presidenciales de 2020 no fueron robadas", tuiteó Cheney la semana pasada en respuesta a una declaración de Trump que calificó las elecciones como "fraudulentas".

“Cualquiera que diga que así fue, está difundiendo LA GRAN MENTIRA, dando la espalda al estado de derecho y envenenando nuestro sistema democrático”, agregó.

El miércoles, Cheney fue destituida por su propio partido de su puesto como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, el tercer rango más alto entre los republicanos en la Cámara de Representantes. Trump estaba complacido.

"Liz Cheney es un ser humano amargado y horrible", dijo Trump en un comunicado después de la destitución de Cheney. “La miré ayer y me di cuenta de lo mala que es para el Partido Republicano. No tiene personalidad ni nada bueno que tenga que ver con la política o con nuestro País ”.

Como parte del esfuerzo republicano por restar importancia a la insurrección del miércoles, los representantes Gosar y Hice mencionaron la muerte del oficial del Capitolio de los EE. UU. Brian Sicknick, quien se informó por primera vez que murió después de ser golpeado con un extintor de incendios de la mafia de Trump, pero Más tarde se reveló que había muerto después de sufrir dos derrames cerebrales. Si bien un médico forense dijo que Sicknick murió por causas naturales, los legisladores republicanos omitieron mencionar que dos hombres también fueron arrestados después de rociar a Sicknick con spray químico.

Es más, al menos 140 agentes resultaron heridos en el ataque del día. Otros dos oficiales que respondieron a la insurrección del Capitolio murieron luego por suicidio.

Uno de los oficiales gravemente herido en el ataque del día fue Michael Fanone, un veterano de 19 años de la fuerza policial metropolitana de DC. Fanone fue arrastrado por las escaleras, golpeado con tubos y electrocutado con pistolas paralizantes varias veces por la mafia de Trump. El miércoles, intentó ponerse en contacto con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.) Para compartir su experiencia del ataque. En cambio, fue colgado por la oficina de McCarthy, tuiteó el representante Eric Swalwell (D-Calif.).

Si bien los legisladores republicanos pueden esperar convencer al público de que no hubo violencia el 6 de enero, el envío por radio de las fuerzas del orden público de ese día cuenta una historia diferente y más aterradora.

"Perdimos la línea, hemos perdido la línea", gritó un oficial cuando los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio. "Nos han flanqueado y hemos perdido la línea".


El FBI hace trizas la vida de un neoyorquino inocente y # 8217 después del 6 de enero: Devine

La Casa Blanca publicó el martes un informe que designa el motín del Capitolio del 6 de enero como un & # 8220 ataque terrorista doméstico & # 8221 y respalda una purga de Internet del contenido & # 8220extremist & # 8221.

Es probable que la descripción genere un fuerte desacuerdo entre los aliados del ex presidente Donald Trump, quienes dicen que el motín, que interrumpió la certificación de la victoria del presidente Biden, se ha utilizado para facilitar la censura política.

El informe de la administración Biden también pide una cooperación reforzada entre los federales y las empresas privadas de Internet e instruye al Departamento de Justicia para que revise si solicitar una nueva ley contra el terrorismo nacional.

Los disturbios en el Capitolio se describen como un ejemplo de terrorismo doméstico junto con la Masacre de Tulsa Race de 1921, que mató a un estimado de 75 a 300 personas, y el atentado de Oklahoma City de 1995, que mató a 168.

& # 8220Ataques terroristas domésticos en los Estados Unidos también han sido cometidos con frecuencia por personas que se oponen a nuestras instituciones gubernamentales. En 1995, en el mayor acto de terrorismo doméstico en la historia de los Estados Unidos, un extremista violento antigubernamental detonó una bomba en el edificio federal Alfred P. Murrah en la ciudad de Oklahoma, matando a 168 personas, incluidos 19 niños, e hiriendo a cientos más. & # 8221 dice el informe.

Alborotadores chocando con agentes de policía fuera del edificio del Capitolio el 6 de enero de 2021. Foto de JOSEPH PREZIOSO / AFP vía Getty Images

En 2016, un extremista violento en contra de la autoridad tendió una emboscada, disparó y mató a cinco agentes de policía en Dallas. En 2017, un pistolero solitario hirió a cuatro personas en una práctica de béisbol del Congreso. Y hace solo unos meses, el 6 de enero de 2021, los estadounidenses presenciaron un ataque sin precedentes contra una institución central de nuestra democracia: el Congreso de los Estados Unidos. & # 8221

Biden solicitó el informe durante su primera semana en el cargo, pocos días después del caos en Capitol Hill, por el cual unas 440 personas enfrentan cargos criminales.

Aunque el término terrorismo define ampliamente el uso de la violencia por razones políticas, la terminología utilizada para describir los eventos del 6 de enero a menudo enciende el debate. Por ejemplo, muchos demócratas usan el término & # 8220insurrección & # 8221, que los republicanos ven como recalentado.

Aún se desconocen muchos detalles sobre el motín, incluido si algún participante planeó con anticipación la violación del perímetro de seguridad del Capitolio.

Tres simpatizantes de Trump murieron de emergencias médicas durante el motín y otra, Ashli ​​Babbitt, de 36 años, recibió un disparo mortal de un oficial de policía cuando intentaba trepar por una ventana rota hacia el Lobby de la Presidenta de la Cámara de Representantes. Un oficial de policía del Capitolio, Brian Sicknick, de 42 años, que también era partidario de Trump, murió de un derrame cerebral después de luchar contra la multitud. Originalmente, su muerte se informó erróneamente como resultado de un golpe con un extintor de incendios. Al menos dos agentes de policía y un presunto alborotador murieron por suicidio tras los disturbios.

Un alto funcionario de la administración defendió la inclusión de los disturbios en el Capitolio durante una llamada de prensa, y señaló que el informe también describe el tiroteo de béisbol del Congreso de 2017 contra miembros republicanos del Congreso, que fue cometido por un partidario de izquierda del senador Bernie Sanders (I- Vermont.).

& # 8220 Esta es una estrategia que es agnóstica en cuanto a ideología política o fuera del espectro. Lo que importa es cuando las personas toman sus quejas políticas o de otro tipo y las convierten de manera inaceptable e ilegal en acciones violentas. Ahí es donde entra dentro del dominio de este documento. Ahí es donde se convierte en algo que se considera terrorismo doméstico y requiere el tipo de respuesta que no solo protege la seguridad pública, sino que en cierto sentido protege [contra] las amenazas a nuestra integridad democrática, & # 8221, dijo.

El documento dice que Estados Unidos respalda el Llamado a la acción de Christchurch para eliminar el contenido terrorista y extremista violento en línea, que busca frenar el contenido disponible en línea luego del asesinato de 51 personas en una mezquita en Nueva Zelanda en 2019. El Departamento de Estado respaldó en silencio ese impulso internacional público-privado para imponer restricciones en mayo.

& # 8220 [L] os Estados Unidos respalda el Llamado a la acción de Christchurch para eliminar el contenido en línea de terroristas y extremistas violentos. Aplaudimos el lenguaje del Llamado de Christchurch que enfatiza la importancia de abordar la amenaza muy real que representa el contenido terrorista en línea, respetando los derechos humanos y la libertad de expresión, & # 8221, dice el nuevo documento.

Personas que se amotinaron dentro del Capitolio el 6 de enero de 2021. Foto de SAUL LOEB / AFP vía Getty Images

Gran parte del informe hace hincapié en la cooperación del sector privado. Plataformas como Facebook y Twitter ya han prohibido o suspendido indefinidamente a Trump y a muchos de sus partidarios después de los disturbios en el Capitolio, y el nuevo documento de la administración de Biden puede usarse para reforzar sus posturas.

& # 8220 El reclutamiento y la movilización de personas para el terrorismo doméstico se produce en muchos entornos, tanto en persona como en línea. Estas actividades ocurren cada vez más en las plataformas de comunicaciones basadas en Internet, incluidas las redes sociales, las plataformas de juegos en línea, los sitios de carga de archivos y las plataformas de chat cifradas de extremo a extremo, incluso cuando esos productos y servicios ofrecen con frecuencia otros beneficios importantes, & # 8221 dice el documento de la Casa Blanca.

& # 8220La disponibilidad generalizada de material de reclutamiento de terroristas nacionales en línea es una amenaza para la seguridad nacional cuyas líneas de frente son plataformas en línea abrumadoramente del sector privado, y estamos comprometidos a informar de manera más efectiva los esfuerzos cada vez mayores de esas plataformas para asegurar esas líneas del frente. & # 8221

El documento no pide específicamente nuevas leyes o vigilancia doméstica, pero pide al Departamento de Justicia que revise la idea.

& # 8220 [N] ebemos plantearnos la cuestión de si las reformas legislativas podrían aumentar de manera significativa y material nuestra capacidad para proteger a los estadounidenses de actos de terrorismo interno y, al mismo tiempo, protegernos de posibles abusos o extralimitaciones. Las nuevas leyes penales, en particular, deben buscarse solo después de una cuidadosa consideración de si son necesarias y cómo son necesarias para ayudar al gobierno a abordar desafíos complejos y multifacéticos como el que plantea el terrorismo interno y solo mientras se garantiza la protección de los derechos civiles y las libertades civiles. , & # 8221 decía el documento.

Personas en la cámara del Senado durante los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Policía del Capitolio de EE. UU. Vía AP

La Ley Patriota, aprobada después del 11 de septiembre para permitir la vigilancia de terroristas internacionales, se reinterpretó posteriormente en secreto para permitir la recopilación masiva de registros de llamadas nacionales, que fue expuesta en 2013 y finalizada por la legislación.

El nuevo documento dice que & # 8220 el Departamento de Justicia está examinando cuidadosamente qué nuevas autoridades podrían ser necesarias y apropiadas & # 8221.


El jefe de la Guardia Nacional dice que la fuerza de reacción rápida del Capitolio es más adecuada para las agencias policiales

WASHINGTON - El comandante superior de la Guardia Nacional dijo el miércoles que una fuerza de reacción rápida para responder a las amenazas en el Capitolio es un concepto más adecuado para las fuerzas del orden, ya que los senadores consideran un proyecto de ley de financiación de la seguridad que, en parte, crearía una unidad militar para el trabajo.

El proyecto de ley de $ 1.9 mil millones, aprobado por la Cámara en mayo, reservaría $ 200 millones para crear una fuerza permanente dentro de la Guardia Nacional Aérea del Distrito de Columbia para responder rápidamente a amenazas como el motín del 6 de enero en el Capitolio.

"Muchas de estas [tareas de reacción rápida] son ​​en realidad una misión de aplicación de la ley", dijo a los periodistas en el Pentágono el general del ejército Daniel Hokanson, jefe de la Guardia Nacional. “No somos un equipo SWAT. No somos agentes de la ley. Somos soldados y aviadores entrenados y equipados para luchar en las guerras de nuestra nación ".

La Guardia envió miles de tropas en un despliegue de cuatro meses para proteger el Capitolio después de que una turba de partidarios del ex presidente Donald Trump irrumpió el 6 de enero e intentó interrumpir la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre. Local law-enforcement agencies handled the initial response.

“We can't get into the perception that we're immediate response because we're just not resourced to do that, and so we really rely obviously on local law enforcement,” Hokanson said. “If it exceeds their capability, in a timely manner — normally 24 hours — is when we can start marshaling our organization to help support.”

That’s because, unlike law enforcement, “the majority of (Guard) personnel have civilian jobs,” the general said. “For them to leave their civilian job, return to their armory, get their equipment, get a briefing and sometimes last-minute training on what specifically they'll be asked to do, we really look at that as a 24-hour timeframe.”

Hokanson’s comments echoed the concerns of Rep. Mike Rogers, R-Ala., and Sen. Jim Inhofe, R-Okla., who announced last month in a joint statement that they opposed creating the force.

“Security of the Capitol complex must remain the responsibility of federal civilian law enforcement,” the lawmakers said in the statement May 12. “Use of the uniformed military in D.C. and the Capitol complex is subject to complex statutory restrictions, and for good reason. We cannot and should not militarize the security of the Capitol complex.”

Instead, Rogers and Inhofe suggested creating a quick-reaction force within a federal civilian law enforcement unit, which they said “would likely cost much less than tapping the National Guard for this purpose.”

However, most of the $1.9 billion security funding bill would reimburse the National Guard, Capitol Police and the District of Columbia for costs incurred for their Capitol riot responses — something Hokanson said would affect Guard readiness if not done.

The National Guard spent $521 million during its Capitol-response mission from January to May, using its operations and maintenance funding and pay accounts “to basically front load that money so we could pay our soldiers and airmen while they were here in the nation's capital,” Hokanson said.

“If we don't get that funding fairly soon, we'll have to look at not only August but also September — the last two months in the fiscal year — either curtailing completely or drastically reducing our National Guard drill weekends and annual training as well as our operational maintenance,” the general said.

Defense Secretary Lloyd Austin and Army Gen. Mark Milley, chairman of the Joint Chiefs of Staff, on Wednesday concurred with Hokanson.

“$500 million in the grand scheme of a $715 billion [overall Defense Department] budget may not seem like a lot but to the National Guard, that is a lot,” Milley said during a House Armed Services Committee hearing on the department’s proposed 2022 budget. “This is also a year in which … there's a very high op tempo in the Guard, so that $500 million is very important.”

In addition to the monthslong Capitol riot response, the Guard has deployed to overseas combat missions, vaccinated 12 million civilians against the coronavirus, responded to natural disasters and supported border patrol and local law enforcement in 2020 and 2021, Hokanson said.

The comments follow Army Secretary Christine Wormuth’s appeal Tuesday during a Senate Appropriations Committee hearing, calling for the reimbursement of the Army National Guard’s expenses from its Capitol-riot response.

During the hearing, Wormuth said the Army National Guard has already postponed some of its regularly scheduled training because of the Capitol-response expenses and “now is at risk of not being able” to fund the training at all.


Kavanaugh hearings continue with open questions, missteps, but an unchanged whip count

WASHINGTON — As questioning of Supreme Court nominee Brett Kavanaugh resumes for a second day, Democratic senators are likely to press him on a plethora of open questions left hanging from yesterday’s approximately 13-hour hearing, but privately there are still few doubts Kavanaugh is on track to be confirmed.

From the beginning to the end of the questioning yesterday, Democratic senators were able to raise unpopular strains in the nominee’s legal thinking and questions about his personal history that appeared to deeply unsettle the nominee. However, in at least two sets of inquiries yesterday, the Democrats left these lines of inquiry substantially unresolved.

Sen. Kamala Harris, D-Calif., set the hearing room abuzz last night with a line of intense questioning about whether Kavanaugh had discussed special counsel Robert Mueller or his investigation with anyone at the firm of Kasowitz Benson Torres, which was founded by President Trump’s long-time lawyer Marc Kasowitz. The line of questioning appeared to take Kavanaugh aback. He admitted that he had discussed the special counsel’s investigation with fellow judges and others, and suggested he’d need a list of everyone who worked at the Kasowitz firm to rule out the possibility he’d spoken with one of them about it.

Kavanaugh repeatedly probed Harris for specifics on who she was asking about, but she refused to provide further information and eventually moved on. While Harris’s questioning and Kavanaugh’s stunned reaction provided drama at the end of the day’s proceedings, observers were left without clear answers about what had prompted it.

A Democratic aide who requested anonymity to share further details said, “We have reason to believe that a conversation happened, and are continuing to pursue it.”

Earlier in the day, Sen. Patrick Leahy, D- Vt., had raised questions about Kavanaugh’s involvement in the Senate email hacking scandal in the early years of George W. Bush’s presidency. That scandal involved Republican staffers on the Senate Judiciary Committee breaking into the private files of Democrats on the committee and passing information to the Bush White House to help confirm its nominees.

Kavanaugh has testified that, to his knowledge, he never received or benefited from the stolen documents. Leahy showed some emails that suggested Kavanaugh had, in fact, received some of this material, including one referring to “intel” about what Leahy would ask about one of Bush’s nominees.

However, none of the emails made public demonstrated that Kavanaugh knew the provenance of the information. On Wednesday, that line of questioning ended when Leahy said more documents are being withheld from the public as “committee confidential” that show Kavanaugh’s knowing involvement, and Leahy expects Chairman Chuck Grassley to make those documents public today.

Kavanaugh showed throughout the day that he is well practiced at turning away aggressive questioning, and those skills never betrayed him. His demeanor may have made him seem at times like a man with something to hide, but it’s unclear if Democratic senators have the goods on what, if anything, that could be.

Another open question came from retiring Republican Sen. Jeff Flake, who raised President Trump’s assault on the independence of the Justice Department with Kavanaugh. First, Flake read a tweet Trump posted earlier this week attacking Attorney General Jeff Sessions and the Justice Department for prosecuting two Republican congressmen and jeopardizing their chances of reelection.

Flake asked Kavanaugh: Should the president be able to influence independent agencies or departments for purely political reasons? Kavanaugh demurred, citing a reluctance to comment on “current events.”

Flake pursed the question twice more, asking Kavanaugh to answer as a matter of principle, and to explain how the regulations allowing for the appointment of a special counsel like Mueller are any check on the president if the president can fire the special counsel. This last question prompted Kavanaugh to point to Nixon’s firing of special counsel Archibald Cox, a dramatic crisis known as the “Saturday Night Massacre” that led to the resignation of the attorney general and deputy attorney general before Solicitor General Robert Bork agreed to carry out President Nixon’s orders Kavanaugh noted that the “system held,” even at that extremity.

Kyle suggested he may resume questioning on this issue today.

Democrats also opened up substantial lines of questioning on Kavanaugh’s positions on race, guns and abortion.

Sen. Mazie Hirono brought up Kavanaugh’s involvement in a case in which he argued that native Hawaiians are not an indigenous people. Kavanaugh worked with erstwhile nominee Robert Bork on the case in 1999, and their involvement led to the filing of an amicus brief and an op-ed in the Wall Street Journal in which Kavanaugh incorrectly located the Hawaiian islands outside of Polynesia.

In the op-ed, Kavanaugh repeatedly uses the term “racial spoils system,” but he refused to explain to Harris what he meant by it. Kavanaugh answered “no” when Harris asked if he was aware that the term is “commonly used by white supremacists.”

Regarding guns, under questioning by Sen. Dianne Feinstein, D-Calif., Kavanaugh appeared to misstate an aspect of Justice Antonin Scalia’s D.C. v. Heller decision. Feinstein asked how he justified his view that assault weapons — such as the AR-15 — are constitutionally protected, and Kavanaugh responded that semi-automatic rifles are some of the most popular guns in the nation and therefore fall under the “common use” test in Scalia’s Heller decision.

However, the “common use” test in the Heller decision refers to weapons that were “in common use at the time” of the Second Amendment’s ratification in 1789, not commonly owned modern weapons. In fact, Scalia’s opinion goes on to explain why modern weapons such as “M-16 rifles and the like” may be banned under his reading of the Second Amendment despite their utility in modern military service. Feinstein’s office confirmed that they believe he misstated the law, but would not comment on whether she will resume questioning on this subject.

On abortion, Kavanaugh said Wednesday that while the Supreme Court’s decision in Planned Parenthood v. Casey had reaffirmed its landmark decision in Roe v. Wade decriminalizing abortion, the Court had “reached a position that allowed some reasonable regulations.” While Roe is settled precedent, he said, Casey is “precedent on precedent.” These comments imply Kavanaugh, while he demurs before the hearing from discussing directly overturning Roe, would be receptive to the efforts of some state legislatures to restrict access to abortion through onerous regulation.

In June 2016, with Scalia’s seat held vacant as the Senate refused to take up Merrick Garland’s nomination, the Court struck down by a vote of 5-3 onerous regulations imposed on abortion clinics by Texas. Since that time, Scalia’s seat has been filled by Justice Neil Gorsuch, presumably providing a fourth vote that would have upheld the regulations, along with the votes of Justice John Roberts, Justice Samuel Alito and Justice Clarence Thomas. Justice Anthony Kennedy has retired.

Kavanaugh appears to be signaling that if confirmed to fill Justice Kennedy’s seat, he may provide a fifth vote to uphold those regulations as well. Kavanaugh has not referred to the 2016 decision, Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, in the hearings thus far or said whether he considers it settled precedent.

For all the open questions, there are still few doubts that Kavanaugh is on track to be confirmed.

Speaking informally after the hearing, a Republican aide said it was a fair question whether Sen. Flake’s vote for Kavanaugh was a bit shaky given his questioning on executive power, but said he couldn’t imagine Flake opposing Kavanaugh on the Senate floor.

Tim Miller, a former aide to Jeb Bush, said he didn’t see any signs that Kavanaugh’s hearings performance was weakening his chances, and noting the past example of Harriet Miers, a nominee to the Supreme Court whose name had to be withdrawn during George W. Bush’s administration.

“With Miers, it was the talk radio chatter that was the sign,” he said. With Kavanaugh, we’re “not seeing anything like that.”


500 arrested so far in Capitol riot case, including 100 charged with assaulting federal officers

America watched as hordes of rioters broke into the U.S. Capitol on January 6 &mdash crushing through windows, pressing up stairways, and sending lawmakers and law enforcement running for their lives. The flood of protesters who streamed into the Capitol that day left federal authorities with an equally immense task: finding and charging those responsible.

Attorney General Merrick Garland said Thursday that 500 defendants had been arrested so far in connection with the attack. FBI Director Christopher Wray said Wednesday that the federal law enforcement agency has "hundreds more investigations still ongoing," including more serious charges still in store. "This is far from over," he said.

Prosecutors have called the case "unprecedented" in scale, and the government said in a March court filing that the Capitol attack "is likely the most complex investigation ever prosecuted by the Department of Justice."

As law enforcement continues to round up alleged rioters, here's what CBS News has learned about those who were arrested:

At least 500 defendants have been arrested and eight have pleaded guilty

Of the 500 defendants who have been arrested in connection with the riots, CBS News has reviewed court documents for 473 defendants' cases that have been unsealed. Of those, at least 190 defendants were also indicted by grand juries.

So far, eight defendants have pleaded guilty, including two Oath Keepers &mdash one of whom had been indicted in a 16-person conspiracy case. Both agreed to cooperate with the government. Five others have pleaded guilty to misdemeanor charges, and one man who took a selfie in the Senate chamber pleaded guilty to obstruction of an official proceeding.

Assault On The U.S. Capitol

So far just one defendant, Anna Morgan-Lloyd, has been sentenced, to three years probation and no jail time.

For others, plea negotiations have been complicated by the vast amounts of evidence involved in the investigation.

Charges include assaults on officers, destruction of government property and conspiracy

Garland said Thursday that 100 defendants had been arrested on charges of assaulting a federal law enforcement officer. He also announced that authorities have arrested the first defendant charged with assaulting a member of the news media.

More than 130 defendants have been charged with assaulting, resisting or impeding officers or employees, including more than 40 who were charged with using a deadly or dangerous weapon or causing serious bodily injury to an officer, the Department of Justice has said.

In total, CBS News has found that more than 150 officers were injured in the attack, according to sources on Capitol Hill and the Capitol Police union, as well as testimony from Metropolitan Police Chief Chief Robert Contee.

At least 35 defendants have been charged with conspiracy , a charge that alleges defendants coordinated with others to commit an offense. They include four alleged Three Percenters , 16 Oath Keepers who were indicted together in a single conspiracy case and 15 members or affiliates of the Proud Boys, who were charged in four separate conspiracy cases.

Approximately 440 defendants were charged with entering or remaining in a restricted building or grounds. More than 40 were charged with entering the Capitol with a dangerous or deadly weapon, while around 25 were charged with theft of government property, the Department of Justice said.

More than 30 defendants have been charged with destruction of government property, and during proceedings for three of those defendants, the government has said their crimes amounted to "terrorism" &mdash an allegation that is not itself a charge but could influence prison sentences if they are found guilty.

Dozens of defendants have served in the military

At least 53 of those arrested are current or former military members. Of those, one is an active duty service member, four are current part-time troops in the Army Reserve or National Guard, and 48 previously served in the military, according to attorney statements, military service records and court documents obtained by CBS News.

At least 23 have served in the U.S. Marines, 20 have served in the Army, two served in the Navy and two served in the Air Force. One defendant, Jeffrey McKellop, was a communications sergeant with the Army Special Forces, a group known colloquially as the Green Berets.

The Army Reserve shared the following statement with CBS News: "The U.S. Army Reserve takes all allegations of Soldier or Army civilian involvement in extremist groups seriously and will address this issue in accordance with Army regulations and the Uniform Code of Military Justice to ensure due process. Extremist ideologies and activities directly oppose our values and beliefs and those who subscribe to extremism have no place in our ranks."

At least 12 worked as law enforcement officers

At least 12 of those arrested were either former police officers or were employed as law enforcement officers at the time of the riot, according to court documents and employment records. Prosecutors also charged at least one current firefighter and one retired firefighter.

Of the six police officers employed at the time of the riot, at least five have since lost their jobs. Karol J. Chwiesiuk, a Chicago police officer who was arrested June 11 and accused of entering the Capitol building on January 6, was not fired but has been "relieved of his police powers," a department spokesperson said. The Board of Supervisors in North Cornwall Township, Pennsylvania, voted June 1 to fire Joseph Fischer, a police officer who had been charged with, among other crimes, obstruction of law enforcement during civil disorder. Houston police officer Tam Dinh Pham and Monmouth County correctional police officer Marissa Suarez both resigned after they were arrested, and two Virginia police officers were fired after prosecutors charged them for their alleged conduct at the Capitol.

Prosecutors have charged at least one former police chief. Alan Hostetter was chief of the La Habra Police Department in California for eight months in 2010, according to the department, and prosecutors have charged him with conspiring to obstruct an official proceeding. Prosecutors have also charged former officers with the New York Police Department: Thomas Webster, who is accused of lunging at a Capitol police officer with a flagpole, and Sara Carpenter, whose arrest, an NYPD spokesperson said, was the culmination of the NYPD's close work with the FBI Joint Terrorism Taskforce.

Nicholes Lentz &mdash who the Florida Department of Law Enforcement said is a former officer in the North Miami Beach and Fort Pierce police departments &mdash was charged after posting videos from inside the Capitol. In a video, he said, "We're not here to hurt any cops of course. I love my boys in blue, but this is overwhelming for them."

Authorities are still looking for hundreds of suspects

The Justice Department said June 4 that the FBI was still seeking the public's help to identify more than 250 people believed to have committed assaults on police officers or other violent acts on the Capitol grounds.

FBI Director Christopher Wray said in March that citizens from around the country had sent the FBI more than 270,000 digital media tips.

The government said it has issued a combined total of over 900 search warrants and the investigation has included more than 15,000 hours of surveillance and body-worn camera footage from multiple law enforcement agencies. The government has also gathered approximately 1,600 electronic devices, the results of hundreds of searches of electronic communication providers, over 80,000 reports and 93,000 attachments related to law enforcement interviews and other investigative steps, authorities said in a filing.

Defendants have come from at least 45 states

The alleged rioters come from at least 45 states outside of Washington, D.C. Among those arrested whose home states were known, the most were from Texas and Florida, with at least 45 people from each state charged so far. Pennsylvania had at least 38 residents arrested, while New York had at least 36.

Authorities have linked dozens of defendants to extremist groups

Authorities have connected at least 75 alleged rioters to extremist groups, including the Proud Boys , Oath Keepers , Three Percenters , Texas Freedom Force and the conspiracy ideology QAnon .

More than 50 women have been arrested

While those arrested in the January 6 mob were mostly men, at least 55 women have also been arrested for their alleged participation.

Defendants' ages span six decades

Among the 156 defendants whose ages are known, the average age is 41. The youngest-known alleged rioter is 18-year-old Bruno Joseph Cua, whom prosecutors accused of assaulting an officer after he posted online, "President Trump is calling us to FIGHT!"

The oldest is Gary Wickersham, who, according to his attorney, is an 80-year-old Army veteran. Authorities said Wickersham walked through the Capitol during the siege and later told authorities he believed he was authorized to enter because he pays his taxes.

Recent updates on notable cases

The Justice Department released video evidence that was initially shown in court proceedings for two cases of alleged assaults on officers during the January 6 riot. The footage provides a new, up-close look at what officers experienced as they battled with the mob at the Capitol that day.

On June 23, a member of the Oath Keepers, Graydon Young, became the first defendant charged with conspiracy to plead guilty to charges stemming from the January 6 Capitol riot.

Prosecutors say newly released video footage shows leaders of the far-right group the Proud Boys outside the U.S. Capitol on January 6.

A fourth Capitol riot defendant has now been charged with firearms violations. The man, Guy Reffitt, of Wylie, Texas, was charged with two new crimes in a superseding indictment, which alleged that he transported a rifle and a semi-automatic handgun to D.C. and that he carried the semi-automatic handgun while on U.S. Capitol grounds January 6.

Six California men, four of whom identify as members of "Three Percenter" militias, have been indicted for conspiring to obstruct congressional proceedings on January 6, the Justice Department announced.